reporteenergia.com.- Es más que evidente que hablar de modificar la Ley de Hidrocarburos en Bolivia es mucho más complejo que pensar en modificar la Ley 3058, dado que la misma ha sido alterada sistemáticamente, a través de Decretos Supremos que han vaciado de contenido lo establecido en la misma.

Por lo tanto, lo más conveniente sería establecer una nueva Ley, sin tener en cuenta lo actuado anteriormente, tanto en la mencionada norma como en los DS que la precedieron.
Como se sabe, las inversiones y los resultados obtenidos en lo que corresponde al desarrollo de la industria de los hidrocarburos en Bolivia, desde el año 2005 se viene ajustando en función a las necesidades básicas elementales para cubrir los compromisos contractuales, en formas más que limitadas.
Si a ello le sumamos la realidad actual de las reservas disponibles, podemos observar un panorama no muy bien definido, de las posibilidades de poder cubrir los compromisos asumidos a partir del año 2012.
En este sentido, deberíamos hacer una revisión sobre lo que nos ofrece la legislación vigente, para determinar si están garantizadas las inversiones para cubrir todo lo que hay que desarrollar, en el futuro inmediato.
Si de esta revisión podemos inferir que existe plena seguridad de lograr los objetivos comprometidos, sólo hace falta introducir una buena cosmética a la actual Ley, introduciendo los conceptos ya incluidos en los respectivos Decretos Supremos y de esa forma quedaría normalizada la legislación para dar el marco jurídico a la nueva etapa de desarrollo que se avecina.
Si por el contrario, a la luz de lo que estamos verificando en el día a día, no está claro cuál será el mecanismo que permitirá incrementar y agilizar el desarrollo del mercado de los hidrocarburos, realmente se debería pensar en hacer una Ley nueva, que cubra las expectativas, tanto del las autoridades bolivianas, como así también las lógicas aspiraciones de la inversión.
Sin tener resuelto este planteo, cualquier nueva Ley que se quiera implementar tendrá la impronta del fracaso y dentro de dos o tres años estarían estudiando una nueva versión de la misma para volver a cambiar la legislación, con las consecuentes dudas que estos cambios generan.
Como punto de partida, en Bolivia se dio un paso más que importante en el año 2005, con la Ley de Hidrocarburos N°3058, especialmente en la fijación del 50% en concepto de Regalías, Participaciones e Impuesto a los Hidrocarburos (12%, 6% y 32%). Esta retención hoy no se discute en Bolivia, y no creo que se vuelva a revisar el monto total del 50%.
No pasa lo mismo con el 50% restante, donde se han desarrollado los algoritmos que realmente han dado origen a la falta de inversión que se ha evidenciado en el periodo señalado anteriormente.
Realmente, si Bolivia tiene y quiere volver a ocupar el lugar de privilegio que ha alcanzado a principios del siglo 21, en materia de hidrocarburos, debería volver a incentivar a los inversionistas, para lo cual dispone de hasta el 50% restante, el cual debe utilizarse para generar inversiones genuinas para permitir volver a incrementar la producción.
El estudio y la implementación de una nueva Ley de Hidrocarburos debe ser consensuada entre todos los protagonistas de la industria, y debe cumplirse con los conceptos vertidos por las autoridades oficiales: Bolivia necesita socios, no patrones. Y los socios necesariamente tienen que opinar en el reparto de las ganancias.  ▲