paginasiete.bo.- A cuatro años y tres meses de haber sido tomada por comunarios, el Gobierno decidió emprender la expropiación de la concesión de la mina Himalaya a manos del Estado.
Así lo confirmó a Página Siete el viceministro de Cooperativas Mineras, Isaac Meneses, quien explicó que “las unidades jurídicas harán la evaluación de una auditoría y una revisión de los contratos y así se definirán las vías de la recuperación del yacimiento para la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Es una decisión tomada”.

El Ministerio de Minería y Metalurgia, la Comibol, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) tomaron la decisión de que la reversión no implique que se indemnice a los anteriores concesionarios (Empresa Minera Himalaya).

El presidente del directorio de esa firma, Fernando Kyllmann, fue buscado la tarde de ayer por varios medios de comunicación, pero se informó que la empresa emitirá su posición hoy.

La mina Himalaya, ubicada en las faldas del nevado Illimani, tenía 105 trabajadores cuando fue tomada por comunarios de la zona, en octubre de 2007, después de 24 años de tareas de exploración y preparación del yacimiento que conserva un 90% de wólfram y un 10% de estaño.

La concesionaria privada informó en 2009 que invirtió nueve millones de dólares en prospección y exploración, y para la explotación de 300 toneladas de mineral por día proyectaba ejecutar otros 11 millones de dólares.

Meneses sostuvo que lo más probable es que dentro de una semana se haga oficial “la expropiación del yacimiento”.

El secretario ejecutivo de Fencomin, Albino García, declaró a este medio que las cooperativas mineras y la Comibol tienen un plazo de 15 días para presentar sus propuestas de explotación del yacimiento.

Indicó que su sector plantea que Himalaya sea entregada en arrendamiento a la cooperativa Cerro Negro, que opera allí desde 1960, “y que ha sido avasallada por Kyllman, quien se aprovechó del puesto que tenía en la Comibol”, remarcó.

Desde la toma, en la mina se hacen actividades esporádicas, no una explotación regular.

Según García, los comunarios y cooperativistas del lugar acusan a Kyllman de tráfico de influencias; “los documentos muestran la irregularidad de que el empresario se habría hecho acreedor del área cuando apenas tenía cinco años de vida”.