Aunque las autoridades sectoriales propusieron modificar las normas relacionadas a la consulta y participación de los pueblos indígenas en proyectos de explotación de recursos naturales, el colectivo originario se siente amparado por el texto de la nueva Constitución Política del Estado, que en el artículo 30, incisos 15, 16 y 17, se refiere al derecho que tienen a ser consultados sobre cualquier proyecto de explotación de recursos naturales que existieren en sus territorios.

PROTECCION DEL AMBIENTE
A juicio de analistas del sector hidrocarburos las principales trabas para los proyectos del sector hidrocarburos surgen a partir de fallas en la negociación sobre compensaciones entre las empresas petroleras y los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas. A esto se suma, la preservación estricta de las áreas protegidas donde, en algunos casos, se encuentran ubicadas áreas de explotación, y en los procesos de Consulta y Participación junto con el de la obtención de la Licencia Ambiental.
Sin embargo, para el principal líder de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, las demandas de los pueblos indígenas se resumen en la protección de su territorio de la contaminación que inevitablemente trae la presencia de las empresas petroleras.
El territorio guaraní -que abarca los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca- alberga los principales megaproyectos gasíferos del país. Sin embargo, según Padilla el desarrollo de la industria tuvo un costo social y ambiental elevado y aunque se realizaron diferentes compensaciones económicas, las comunidades siguen sin satisfacer sus necesidades básicas.
“Es cierto que existen compromisos de las empresas petroleras para apoyar en educación y salud, pero aparte de que muchas veces tenemos que esperar, esa compensación no es suficiente. El pueblo guaraní es grande, somos cerca de 400 comunidades y esos beneficios no cubren nuestras necesidades”, señaló Padilla.
Por su parte, Sergio Hinojosa, Tata Malku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), sostuvo que “los indígenas son los verdaderos dueños de los recursos naturales” y pidió al presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, no perder la confianza del pueblo, al tratar de modificar las leyes en contra de los originarios del país.

FUERTE SOPORTE LEGAL
Leonardo Tamburini, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), alineada con el Gobierno, sostuvo que si se quiere reducir los derechos que tienen los pueblos indígenas del país, se tendría que “desmontar” la nueva Constitución desde el artículo 2 hasta el último de los que están en el régimen de recursos naturales.
Según su criterio, también habría que cambiar no sólo la Ley 1333 de Medio Ambiente sino la Ley 3058 de Hidrocarburos y sus reglamentos referidos a la Consulta, al igual que el Decreto Supremo 29033 de 16 de febrero de 2007, que reglamenta la consulta y participación en las actividades hidrocarburíferas.
A todo este legajo de normas nacionales, se suma el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, que refiere el derecho a la Consulta Previa para lograr el consentimiento de las poblaciones indígenas para la realización de proyectos estratégicos.
Para el titular del Cejis, las modificaciones planteadas por autoridades del sector hidrocarburos, son contrarias al Plan Nacional de Desarrollo: “Bolivia Digna”, que enfatiza el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
“Las declaraciones de autoridades del sector hidrocarburífero sobre inviabilidad de proyectos petroleros por protestas indígenas, más las referidas a la oposición de originarios a instalaciones de hidroeléctricas en el norte amazónico, están haciendo ver a la Consulta Pública como un derecho a veto y eso no es correcto. Una forma de no cumplir la norma, es no hacer la consulta por temor a los resultados que pueda arrojar”, señaló Tamburini.
Sin embargo, para el ministro de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, es necesario que los indígenas dejen de lado su visión “excesivamente localista” para que la actividad hidrocarburífera sea reactivada.
“Tenemos que pensar que por encima de ese interés individual o de grupo, está el interés colectivo. Y tenemos que reflexionar que los dueños de los hidrocarburos no son solamente los que están en ese lugar, sino todos los bolivianos”, sostuvo Vincenti.
A su vez atribuyó la insatisfacción de algunos dirigentes indígenas del norte de La Paz y del Chaco boliviano con la puesta en marcha de proyectos energéticos, al afloramiento de la preocupación por el impacto ambiental que se genera en esos territorios. “Si aplicamos de manera fundamentalista aquella forma de proteccionismo que algunos proponen, vamos a quedar sin desarrollar actividad humana alguna. No podemos pensar la sociedad moderna, al margen de la extracción de recursos naturales. Lo que tenemos que buscar es la mitigación del impacto ambiental lo mejor posible”.

PIDEN CEDER A LAS PARTES

Para el analista energético, Carlos Delius, las facultades que tienen  los grupos y comunidades originarias para “vetar” proyectos hidrocarburíferos, tienen el potencial de frenar las inversiones en el principal sector de la economía del país, por lo que el Gobierno  Central tiene el desafío y la necesidad de resolver esta contrariedad de manera seria.
Según Delius, hoy en día el Gobierno debe lidiar con los “excesos que ellos mismos permitieron en la nueva Constitución.”
“Lo primero que tienen que lograr es que las comunidades que detentan esos derechos, entiendan que deben hacer un uso razonable de los mismos. No puede ser que una comunidad tenga una demanda astronómica, así como tampoco, puede ser de que el Estado borre todo lo que puso en la Constitución y pase por encima de estas comunidades, como se dice que ocurrió en Alto Beni”, dijo.
Delius cree que ante este tipo de situación, normalmente se llega a una solución cuando todos quedan disconformes. “Todos los involucrados tendrán que ceder algo. Habrá que respetar a las comunidades y darles algo, pero a su vez ellos, tampoco pueden parar al resto del país y hacer que la población sufra por la inviabilidad de inversiones”.
Para llegar a una solución es necesario realizar cambios a la Constitución Política del Estado, luego a las leyes y a sus respectivos reglamentos. De lo contrario, no podremos seguir las reglas que nosotros mismos escribimos y eso es un problema”, sostuvo Delius. ▲

SEÑALES COMPLEJAS:  CRISIS EN EL NORTE DE LA PAZ
La discusión sobre si las comunidades indígenas tienen un excesivo poder que obstaculiza el desarrollo de las operaciones petroleras en sus territorios, tuvo como emblema el conflicto entre las etnias Mosetén y Lecos del norte de La Paz y la empresa Petroandina, conformada por la estatal YPFB y la venezolana Pdvsa. 
Para Adolfo Chávez, presidente de la Cidob, este conflicto se debió a la inexperiencia de los funcionarios públicos que no pudieron dialogar con las autoridades locales y comunales de este lugar. 
Según Chávez, un pueblo indígena se niega a una ejecución de un proyecto, cuando no se consulta al Capitán Grande, para que éste a su vez informe a su comunidad. “No podemos saltar eso porque el pueblo es reaccionario y hace que se respete su estructura”, explica Chávez y da a entender que eso pasó con el pueblo Mosetén. “Se dedicaron a hacer churrascos, para que la comunidad acepte, a cambio de obras que hasta el momento no han llegado”, aclara.
Para ejemplificar los errores cometidos en la negociación contó, que cuando se envió una comisión para “corregir” el trabajo que se había hecho, los técnicos del Ministerio de Hidrocarburos decidieron irse a la ciudad de La Paz, cuando les correspondía quedarse en la comunidad trabajando en la negociación.
Ahora que se ha salvado momentáneamente este problema, espera que se cumpla lo que se prometió.
“Siempre los pueblos hemos sido abiertos al diálogo, pero hay que diferenciar las características de cada organización para ver como está estructurada. Somos distintos. Somos 34 pueblos, con aptitudes distintas”, reflexiona Chávez.

Normas legales que avalan derechos indígenas
Nueva CPE: Artículo 30.- Incisos:
15.- Establece que indígenas y originarios deben ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.
16.- A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.
17.- A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.
Ley 3058 de Hidrocarburos
Artículo 115.- Establece la Consulta que debe ser realizada por el Estado Boliviano con procedimientos apropiados y de acuerdo a las circunstancias y características de cada pueblo indígena, para determinar en qué medida serían afectados y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las Comunidades y los  Pueblos Indígenas y Originarios.
Artículo 119.- Establece que todo impacto socioambiental negativo directo, acumulado y a largo plazo, producido por las actividades hidrocarburíferas en tierras comunitarias de origen, comunales, indígenas o campesinas, tituladas o no, debe ser compensado financieramente por parte de los titulares de las actividades hidrocarburíferas.
Artículo 120.- Dice que se procederá a indemnizar por daños y perjuicios emergentes de las actividades, obras o proyectos hidrocarburíferos que afecten a tierras comunitarias de origen, comunales, indígenas o campesinas, tituladas o no, por parte de los titulares y/o operadores de las actividades hidrocarburíferas, respetando la territorialidad, los usos y costumbres.